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23 de septiembre de 2017
AVANZA EL PROYECTO PARA CONSTITUIR LA EMPRESA PROVINCIAL DE TELECOMUNICACIONES
El gobierno pampeano, la FEPAMCO y COLSECOR acordaron el proyecto de Ley para constituir EMPATEL, la empresa pampeana de telecomunicaciones. La iniciativa es extensiva al resto de las provincias y las cooperativas que de forma individual o asociadas entre sí, adquieran licencias plenas para prestar servicios de telefonía móvil, entre otros.

El proyecto final se definió en una reunión entre el diputado nacional del PJ, Sergio Ziliotto y con el Gerente de Relaciones Institucionales de COLSECOR (cooperativas y pymes de telecomunicaciones de todo el país), el Presidente de FEPAMCO, Carlos Santarrosa y el Subsecretario de Cooperativas, Claudio Gordillo.

La propuesta parlamentaria propicia que las provincias y las cooperativas, en forma individual o asociadas entre sí, sean titulares de licencias plenas de telecomunicaciones, entre ellas la telefonía móvil, y les permita incursionar libremente en un mercado claramente sujeto a prácticas oligopólicas.

En la actualidad tienen imposibilitado prestar telefonía celular como operadores de red y solo lo pueden hacer, en el mejor de los casos, como operadores virtuales dependiendo de los grandes grupos económicos, que fijan tarifas y condiciones, lo que obstaculiza la libre competencia.

El Proyecto de Ley declara de interés nacional la participación de los Estados Provinciales, Municipios  y las cooperativas de servicios públicos como prestatarias de los servicios de telecomunicaciones de conformidad con la Ley N° 19.798 y sus modificaciones.

Además se impulsa fijar la obligación de la Autoridad de Aplicación de impedir “exclusividades o monopolios incompatibles con la soberanía, desarrollo y seguridad nacional” y de garantizar “la atribución de un segmento del espectro radioeléctrico a los Estados Provinciales, Municipios y cooperativas de servicios públicos para que presten servicios de telecomunicaciones.”

Para darle operatividad a la medida propuesta se establece que el Poder Ejecutivo Nacional  otorgará las pertinentes licencias habilitantes y asignando  Bandas de Frecuencias que, por imperio de la Ley nº 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital, se encuentran reservadas con un objetivo unívoco: “el Estado Nacional debe intervenir para garantizar el uso eficiente de este recurso y el desarrollo de las tecnologías y capacidades nacionales para ello” previéndose “el desarrollo de modelos de comercialización para Municipalidades, Cooperativas y Entes de Gobierno que permitan cubrir zonas alejadas y desatendidas, así como también posibilitar un rápido y eficaz acceso a servicios móviles celulares”, como lo expresa dicha norma.

Ese mandato legal, otorgado a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (AR-SAT), ha sido incumplido por el Gobierno Nacional, a pesar de estar vigente desde noviembre de 2015.

En ese sentido, la iniciativa plantea que “la intervención de los Estados Provinciales como prestadores –individual o asociado- o en carácter de garante será suficiente garantía o aval necesario para obtener los permisos y licencias”.

La propuesta 

Es fundamental remarcar que, ante la situación expuesta, es imprescindible establecer el interés nacional de la participación de los Estados Provinciales, los Municipios y las cooperativas de servicios públicos como prestatarias de los servicios de telecomunicaciones de conformidad con la Ley N° 19.798.

Asimismo, hay que destacar el fin social que implica la atribución de las bandas de frecuencias radioeléctricas a las cooperativas, los Municipios y Estados Provinciales que presten servicios de telecomunicaciones.

El presente proyecto de ley, tiene como objeto principal que todos los habitantes de nuestro País cuenten con la posibilidad de acceder a los servicios de telecomunicaciones, ello, independientemente de la rentabilidad que implican estos servicios.

Según Ray Kurzweil “…A la imprenta le tomó 400 años masificarse; a la telefonía, 50; a los celulares, 7 y a las redes sociales, 3. El ritmo de la innovación se acelera, la evolución exponencial es parte de la misma naturaleza de la tecnología.”

En virtud de lo expuesto, es necesario que la inclusión comunicacional sea una política pública constante. Entendemos que debe existir una ley que garantice que los servicios de telecomunicaciones mantengan una calidad, universalidad en todo el territorio de la República Argentina, considerando que el mejor medio para lograr este objetivo es el de asegurar la equitativa distribución de los recursos sumado al fomento de las cooperativas y Estados Provinciales que prestan dichos servicios.

En el mismo orden de ideas, pretendemos incorporar como prestadores a los estados provinciales y a las cooperativas de servicios públicos, en una conjunción de federalismo y economía solidaria. El mismo federalismo que consagra la Constitución Nacional y la inocultable realidad nacional que muestra al asociativismo como ejemplo de gestión y administración eficiente, que históricamente se han hecho cargo de la prestación de servicios en vastos lugares de la geografía nacional donde no existen los “negocios económicamente rentables” para los intereses privados.

El proyecto de Ley presentado por el gobierno pampeano y las cooperativas plantea en su articulado las siguientes modificaciones a la Ley Nacional de Telecomunicaciones N° 19.798:

Artículo 1°:  Declárese de interés nacional la participación de los Estados Provinciales, Municipios  y las cooperativas de servicios públicos como prestatarias de los servicios de telecomunicaciones de conformidad con la Ley N° 19.798 y sus modificaciones.

Artículo 2°: Modificase el inciso d) del Art. 4° de la Ley N° 19.798, cuyo texto quedará redactado de la siguiente forma:

“d) Administrar las bandas de frecuencias radioeléctricas, garantizando la atribución de un segmento del espectro radioeléctrico a los Estados Provinciales, Municipios y cooperativas de servicios públicos que presten servicios de telecomunicaciones. En este último caso, se tendrán por cumplimentadas las garantías o avales necesarios, para obtener los permisos y licencias, cuando los Estados Provinciales o Municipios intervengan como prestadores –individual o asociado- o garantes.”

Artículo 3º.- Modificase el artículo 14 de la Ley Nº 19.798, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 14.- En ningún caso se otorgarán autorizaciones o permisos de explotación que importen el establecimiento de exclusividades o monopolios incompatibles con la soberanía, desarrollo y seguridad nacional. La existencia de talas situaciones faculta a la autoridad de aplicación para disponer la caducidad de las respectivas autorizaciones o permisos.

Se autorizará o permitirá la instalación de entes telefónicos mixtos, con participación estatal provincial o municipal y de entes telefónicos privados (cooperativas), cuyo fomento satisfaga requerimientos de desarrollo regional, con las limitaciones que determina el precedente y su reglamentación”.

Artículo 4º.- A los efectos de la implementación de lo establecido precedentemente, el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la autoridad de aplicación de dicha norma, otorgará las pertinentes licencias habilitantes y asignará Bandas de Frecuencias reservadas por imperio de los artículos 11 y 12 de la Ley nº 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital, cuyo detalle obra en su Anexo II.

En sus fundamentos, plantea que el servicio se trata de un “bien social” y que hay condicionantes que no permiten el acceso irrestricto sin condicionamientos geográficos, con un nivel de prestación aceptable y con tarifas acordes a márgenes de ganancias razonables.

En la descripción del contexto actual del área de las telecomunicaciones, plantean que “el resultado de las políticas públicas de comunicación contemporáneas, que el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional nº 1340/16 profundiza, es alta concentración info-comunicacional que debilita la competencia, la cartelización de precios, casi nula prestación en áreas económicamente marginales, infraestructura desactualizada u obsoleta y servicios que figuran al tope de los reclamos de los usuarios”.

“A esto se le suma trascendencia si se tiene en cuenta que ello deriva del uso de los recursos públicos (el espectro en sus diferentes bandas, potestad de la comunidad administrada por el Estado) y también de privados cuya construcción o mantenimiento tuvo participación, habilitación o ayuda estatal, como redes troncales de telefonía y de fibra óptica”.

“Lo que no resulta fácil de comprender es si este escenario responde a un “mercado posible”, fruto de una economía subdesarrollada como la argentina, o a una decisión política ideológica de la administración de turno. Convencidos que, con el actual marco normativo, se propicia una fuerte concentración en manos poderosas y que la brújula oficial no registra siquiera la existencia de otros actores (PyMes, cooperativas, sector público no gubernamental, movimiento comunitario) y queda descolocado ante sus demandas, optaremos por la segunda respuesta”.

En ese sentido, requiere un marco de efectiva competencia. Según sus fundamentos, el Decreto nº 1340/16 expresa que existe un fuerte compromiso de parte del Estado Nacional en asegurar que la convergencia tecnológica entre los servicios de comunicación audiovisual y las denominadas tecnologías de la información y las comunicaciones, posea un adecuado y homogéneo marco normativo” ya que las leyes 26.522 y 27.078 “no contemplaron elementos fundamentales de la realidad actual de la industria de los medios y las telecomunicaciones, generando distorsiones en la competencia, costos significativos para el interés general y perjuicios para los usuarios y consumidores.”

“Sin embargo no logra su cometido ya que cualquier interesado en ingresar al mercado de la convergencia tecnológica vería que dicho instrumento legal es un claro impedimento para el ingreso de nuevos competidores”.

“Más aún, el remanido slogan de “convergencia plena” que se concretará a partir del 1º de enero del próximo año, permitirá que tres o cuatro operadores actuales puedan “hacer de todo”, es decir que los grupos del sector de telecomunicaciones e Internet pueden prestar servicios audiovisuales y viceversa”.

“Así, los grandes jugadores de las comunicaciones, como Telefónica y Clarín, mejorarán considerablemente sus condiciones de incorporar y explorar recursos públicos como el especto radioeléctrico y maximizar beneficios, profundizando la concentración económica”.

Incorporación de actores regionales

“Nuestro país tiene una peculiaridad que la distingue de otros al mostrar un dinámico sector de operadores pequeños y medianos que incursionan en los segmentos audiovisual, de telecomunicaciones e Internet al cubrir necesidades de comunicación en grandes extensiones del país donde los gigantes infocomunicacionales casi no aparecen ante la baja rentabilidad”.

“Ese sector, integrados por PyMes, cooperativas y entes públicos, es un generador de beneficios económicos y sociales para su comunidad ya que no sólo genera empleo sino contenidos locales que enriquecen su identidad territorial. El mismo sector que no incidió en el nuevo decreto y su situación aparece olvidada por las políticas estatales. (No es casual, entonces, su baja incidencia en el negocio actual de las telecomunicaciones, como lo muestra el cuadro anterior, identificados como otros*)”.

“En la actualidad, están sumidos a una normativa cuyo aspecto más crítico son las condiciones de interconexión con las redes troncales en manos de los grandes operadores, que imponen condiciones abusivas cuando pautan la desagregación de la última milla, la itinerancia, el establecimiento de tarifas y las velocidades de referencia, algo que los países con economías sólidas prohíben en orden al interés público”.

“Con esta perspectiva, es imprescindible fomentar la participación de los Estados Provinciales, los Municipios y las Cooperativas de servicios públicos como prestatarias de los servicios de telecomunicaciones de conformidad con la Ley N° 19.798”.

“Sobre el “uso del recurso público tecnológico”, plantea que el 30 de setiembre de 2015, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del mensaje del Proyecto de Ley –que una vez aprobado se transformaría en la Ley 27.208 de Desarrollo  de la Industria Satelital- establecía los alcances de la normativa propuesta”.

“Al momento de abordar la propuesta de reservar  un conjunto de bandas de frecuencias con carácter de preferencial a la Empresa AR-SAT –Capítulo III de la citada ley- “teniendo en miras que la administración del especto radioeléctrico es responsabilidad indelegable del ESTADO NACIONAL” expuso que “el carácter adecuado de las asignaciones de bandas de frecuencias a los licenciatarios debe ser relacionado con la capacidad de los servicios, a prestar a través de ellas, para cumplir con las necesidades de la sociedad en su conjunto, contemplando la heterogeneidad geográfica, social y económica de nuestro país”.

“Más adelante, expresa que se “hace necesario que el ESTADO NACIONAL deba intervenir para garantizar el uso eficiente de este recurso y el desarrollo de las tecnologías y capacidades nacionales para ello”. Y sentencia “Este desarrollo deberá ser efectuado junto con Municipios, Cooperativas y Sociedades –tanto nacionales como provinciales- con participación estatal mayoritaria, posibilitando el ingreso de nuevos actores locales al mercado de la telefonía celular…” previéndose “el desarrollo de modelos de comercialización para Municipalidades, Cooperativas y Entes de Gobierno que permitan cubrir zonas alejadas y desatendidas, así como también posibilitar un rápido y eficaz acceso a servicios móviles celulares…”

“En el Anexo II a la ley aprobada, al detallar los aspectos primordiales de la reserva preferencia de las bandas de frecuencia, se expresa que constituyen “un instrumento para el desarrollo de la industria nacional de las telecomunicaciones” con “cobertura en zonas geográficas, económica o socialmente excluidas, sin servicio o con servicio deficiente” a través de la “posibilidad de ingreso de nuevos actores social al mercado de la telefonía celular (Cooperativas, SAPEM)”.

 “En ese sentido específico, al día de la fecha, ese mandato legal se ha soslayado e incumplido. Nada se ha hecho, ni se proyecta hacer, para dar cumplimiento a una de las principales metas específicas que tuvo la reserva de frecuencias mediante una ley que exige una mayoría agravada para alterar sus objetivos”.

“Sólo se ha instruido, a través del Decreto del citado Decreto nº 1340/16, al Ministerio de Comunicaciones para “fijar las pautas necesarias para la conformación de la Red de Protección Pública y Operaciones de Socorro, Defensa y Seguridad en los términos del artículo 12 de la Ley N° 27.208 para garantizar comunicaciones adecuadas a los organismos de seguridad pública”.

“Y tal situación es reconocida por los propios considerandos de ese Decreto, al explicitar que se reservan “las bandas de frecuencia enlistadas en el Anexo II de la referida normativa, las que, entre otras cuestiones, permiten desarrollar una red nacional de banda ancha para brindar diversos servicios tanto de gobierno electrónico como de seguridad pública sobre esa red”.

“Por ello resulta imprescindible disponer de las herramientas técnológicas que el Estado Nacional ha reservado a través de la sanción de la Ley 27.208, para la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (AR-SAT), en función de que los actores que hoy proponemos incorporar cumplen con los objetivos que se plantean en dicha norma legal”, plantea la iniciativa del gobierno pampeano y las cooperativas.



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